Con motivo de la reciente muerte del obispo Echarren nuestro compañero Antonio Gallifa relata en
Crónica Popular un suceso del año 1970 en el que ambos intervinieron.
Era el año 1970, los tiempos del auge del movimiento obrero antifranquista
La dirección de las Comisiones Obreras habíamos convocado una asamblea estatal en Madrid para los días 25 y 26 de julio a fin de decidir la estrategia a seguir ante el enorme incremento de la represión policial, cuyo principal enemigo eran las Comisiones Obreras. Una reunión de estas características y dimensiones exigía un altísimo nivel de organización y militancia y, sobre todo, un rigor sin límites en las medidas de seguridad para evitar ser detectados por la policía del Régimen. Por supuesto, no se podían dar las citas por teléfono, así que, durante los meses previos, teníamos que recorrer toda la geografía española para comunicar la fecha y el lugar de la reunión y lograr un consenso, difícil de alcanzar en esas condiciones, sobre los temas a tratar.
Con cierta antelación, Luis Royo, miembro de la ORT, y yo mismo, miembro del PCE, habíamos contratado un local para dichos días en el Colegio de la Sagrada Familia, un convento apartado, situado en el recinto madrileño de La Moraleja, por el que pagamos 35.000 pesetas. A la monja que dirigía el convento le dijimos que la reunión, que duraría dos días, consistía en un curso de convivencia religiosa entre empresarios y trabajadores. Así había que actuar en aquella época. Pero Luis Royo cometió la imprudencia, fruto de su inexperiencia política, de dar su nombre y el lugar donde trabajaba, el ABC. Yo no dí mi nombre, pero Luis Royo dio el detalle de que yo trabajaba en un banco. Y eso serviría más tarde para que me localizaran.
Extremando las precauciones, la víspera de la reunión, por la noche, recorrí en mi coche los alrededores del convento para ver si existía una segunda salida por si fuera necesario utilizarla. Y, efectivamente, la encontré: un estrecho sendero rural que daba a las afueras de la ciudad.
A la asamblea asistió un centenar de trabajadores. En el momento de comenzar nos enteramos de que la policía había disuelto a tiros en Granada una manifestación de trabajadores de la construcción tras una huelga de más de 25.000 en apoyo de su convenio, y una asamblea, ese mismo día, con la presencia de más de 4.000. El resultado fueron tres muertos. Eran Antonio Cristóbal Ibáñez, Manuel Sánchez Mera y Antonio Huertas. Por ellos guardamos un largo minuto de silencio. Por ellos recordamos aquí sus nombres. Por ellos se levanta hoy un monumento en el centro de Granada.
Al final de la sesión del primer día se decidió que, por razones de seguridad, a la reunión del día siguiente asistiese sólo la mitad. Poco antes de que comenzase, mientras esperábamos en el jardín del convento, un coche lo fue recorriendo con un individuo desconocido en su interior, quien, tras apuntar las matrículas de los coches allí aparcados, terminó desapareciendo. Nicolás Sartorius y yo, situados cada uno en un extremo del jardín, nos miramos, nos juntamos, decidimos seguir al coche y vimos que su ocupante estaba llamando por teléfono desde una cabina. Evidentemente, era la policía, así que decidimos regresar al convento, donde informamos de nuestras fundadas sospechas y acordamos abandonar la reunión, rápida pero ordenadamente. Por el estrecho camino rural que yo había descubierto el día anterior, una caravana de coches en fila india abandonaba el lugar. Pocos minutos después, más de un centenar de policías, empuñando fusiles y metralletas rodeaba el convento.
Cuando invadieron el recinto, en la sala de reuniones sólo había una persona: un albañil que asistía procedente de León, que se hallaba en los servicios. La policía lo llevó detenido, pero, ante los interrogatorios, tuvo un comportamiento ejemplar y fue puesto en libertad. Su nombre: Antonio López Larín, que también merece ser nombrado.
Cuando se prometían un éxito sin precedentes, la desarticulación, en un solo golpe, de la plana mayor del movimiento obrero, la Brigada Político-Social acababa de cosechar el mayor fracaso de su historia. Aquello había sido, por parte nuestra, lo que se llama una retirada estratégica, una retirada con la que habíamos vencido.
A partir de entonces la Brigada Político-Social se dedicó intensamente a localizar a los asistentes a la reunión. Para ello contó con la colaboración de la superiora del convento, que fue identificándonos a muchos a través de las fotografías que le mostraba la policía. Su propósito era organizar un juicio gigantesco del siniestro Tribunal de Orden Público (1) y, contando con la colaboración de la superiora del convento como testigo de la acusación, lograr que el tribunal dictase las penas más severas.
En estas condiciones fui a visitar a Ramón Echarren, a la sazón obispo auxiliar de Madrid, para pedirle que, con su autoridad, intercediese ante la monja para que no declarase contra nosotros. Yo no sabía nada de monseñor Echarren, pero lo planteé en la organización y se accedió. Había que ser audaz, pero, sobre todo contábamos a nuestro favor con el enorme prestigio político y social y la autoridad que poseían las Comisiones Obreras.
- Cómo me llama la atención que una persona sin conocerme se atreva a tratar de tú a todo un obispo.
- Si yo no pudiera tratarte de tú no habría venido a pedirte lo que te voy a pedir.
Nunca olvidaré el largo silencio que se interpuso entre nuestras miradas, mientras, a lo largo de él, su rostro iba adquiriendo lentamente una expresión de cercanía y de futuro entendimiento.
Me explicó entonces que ya conocía el problema, pero que, según le habían dicho, la superiora del convento quería declarar como le pedía la policía, porque mentir en un juicio bajo juramento era pecado mortal. Y añadió:
- Algo habrá que hacer. Tendré que llamarla para hablar con ella. Vuelve dentro de unos días y te daré noticias.
Volví a los pocos días y me explicó lo sucedido. ¡Cómo me habría gustado presenciar aquella conversación! Le había dicho que lo que era un pecado mortal era contribuir a que condenasen a los trabajadores por luchar por sus derechos. Y que, en todo caso, ella no podía pecar porque él, como obispo suyo, le daba la absolución por anticipado. Y añadió:
- No se ha mostrado muy convencida, pero creo que al final ganaremos. Y si lo logramos, esos trabajadores de la construcción a los que han matado nos darán las gracias desde el cielo.
Y ganamos: la religiosa se negó a asistir al juicio con una excusa inverosímil. A los pocos días recibí una llamada:
- He soñado que, desde el cielo, tres trabajadores de la construcción nos daban las gracias.
- Y yo he visto, desde la tierra, que, gracias a ti, hemos derrotado por segunda vez a la policía franquista.
El obispo Ramón Echarren acaba de morir. Era unos de los obispos mejor preparados de la iglesia española. Teólogo por la Gregoriana de Roma y Sociólogo por la Universidad de Lovaina, fue promovido por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Designado obispo a los 40 años como sucesor de Morcillo, fue, en contraposición con éste, un defensor ardiente de las posiciones democráticas en la iglesia española. La frase que le dirige a la superiora del convento sobre la naturaleza del pecado mortal fue en él una posición firme. Sostenía que la idea de considerar la guerra civil como una Cruzada era un pecado. Fiel a esta idea, en la asamblea conjunta de obispos y sacerdotes celebrada en Madrid en 1971 sostuvo:
Si decimos que no hemos pecado hacemos a Dios mentiroso, y su palabra ya no está en nosotros. Así, pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de la reconciliación en nuestro pueblo.
Su ponencia obtuvo en la asamblea una gran mayoría, pero, al no lograr los dos tercios requeridos, no fue incorporada a las conclusiones.
Por imperativo del Papa Juan Pablo II, fue desterrado a Canarias, donde acaba de fallecer.
Acabo de enterarme de su muerte, y siento inmensamente no haber prolongado con él nuestra colaboración y, quizá, nuestra amistad. Sigo recordando aquella larga mirada recíproca rodeada de silencio, que era una promesa muda de futuro entendimiento.
(1) El juez del Tribunal de Orden Público de esa época, Jaime Mariscal de Gante, fue el padre de Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia durante toda la primera legislatura de José María Aznar.
